El secretario de Seguridad Social de la provincia defendió la reducción del déficit previsional del 29% al 12% a poco más de dos años de implementada la ley impulsada por Maximiliano Pullaro. Asimismo, cuestionó los amparos judiciales de los exmagistrados para evitar los topes en los haberes máximos, fustigó la postura de los gremios estatales y confirmó que viajará a Buenos Aires para auditar la deuda histórica que reclama la administración provincial ante la ANSES.
El funcionario provincial a cargo del área previsional, Jorge Boasso, analizó los resultados financieros obtenidos en el organismo estatal tras la sanción de la emergencia y el reciente fin del aporte solidario extraordinario. En diálogo con Andrés Battistella de 99 LATERAL TV, DERF.ar y El Municipal, el titular de la cartera aseguró que la reestructuración evitó la pérdida de la autonomía santafesina, precisando que el rojo fiscal restante podría desaparecer por completo si el Ejecutivo nacional cumple con las transferencias pendientes por las cajas no transferidas.
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«Algunos panzones pretenden jubilarse a los 53 años y estar más tiempo pasivos que lo que aportaron en actividad»
Al profundizar en las variables técnicas que permitieron estabilizar las cuentas del sistema público local, Boasso detalló el descenso sostenido del quebranto financiero desde septiembre de 2024 hasta la actualidad. «La reforma era indispensable, de lo contrario Santa Fe tenía que transferir el sistema a la ANSES a nivel nacional, lo mismo que ocurrió con once provincias en la época de los noventa; en el mes anterior a la entrada en vigencia de la ley el déficit alcanzaba el 29% de las erogaciones y hoy estamos en un 12%», explicó el secretario respecto del saneamiento de los números. En esa misma línea, remarcó que el fin de las retenciones extraordinarias modificará levemente esa ecuación durante el próximo ejercicio: «El gobernador tomó la decisión política de no prorrogar el aporte solidario un año más y el déficit se va a incrementar en unos puntos, pero si prosperan las negociaciones o los juicios ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación, ese rojo desaparecería en su totalidad».
Asimismo, vinculó la defensa de la sustentabilidad del régimen con las fuertes críticas dirigidas hacia los exintegrantes del Poder Judicial que recurrieron a los tribunales para perforar los límites salariales establecidos en la normativa. «Estamos soportando amparos de quienes tendrían que dar el ejemplo, que son los exjueces y excamaristas que buscan evitar que el tope de veinte jubilaciones mínimas los alcance a ellos y no a la gente que menos cobra», denunció Boasso sobre los privilegios del sector. Con dureza, también apuntó contra el fallo que objeta la constitucionalidad de la medida: «Ellos se creen que van a seguir siendo jueces hasta el último día de su vida sin darse cuenta de que la naturaleza jurídica de la jubilación no es la misma que la de una remuneración; Falistocco declaró la inconstitucionalidad del tope sin un solo fundamento de la seguridad social».
Finalmente, el responsable de la Seguridad Social santafesina sopesó las críticas de los sindicatos docentes y de la administración central, a la vez que adelantó los próximos pasos administrativos para cobrar los pasivos acumulados desde 2020. «Las declaraciones de los gremios que se opusieron desde un primer momento son malintencionadas y por desconocimiento, sin haber presentado ningún proyecto alternativo; deben pretender que los 3.600.000 habitantes de la provincia soporten el terrible déficit de una caja de 105.000 beneficiarios», sentenció con firmeza. Para cerrar, confirmó la reactivación de los reclamos ante las autoridades nacionales: «La provincia ya cobró 120.000 millones de pesos a cuenta por el convenio firmado este año, y la semana que viene voy a tener una reunión en Buenos Aires para encarar las auditorías y simulaciones del período 2020 a 2026 para determinar el stock total de deuda y cuánto nos tienen que transferir mensualmente».
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Andrés Battistella
grupoderf@hotmail.com