El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad iniciar acciones legales para exigir la transferencia de las partidas presupuestarias aprobadas por ley, ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo.

La decisión fue respaldada por todos los rectores de las universidades públicas del país, entre ellos Enrique Mammarella, titular de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), quien cuestionó la “promulgación sin aplicación” de la norma y advirtió que el sistema atraviesa una situación crítica.

“Nuestro reclamo al Ejecutivo nunca tuvo un eco favorable, ni siquiera instancias de discusión, por eso se optó por ir al Congreso. Allí se entendieron las necesidades, se aprobó la ley, fue vetada, volvió al Congreso, se insistió y hoy debería estar vigente. Sin embargo, el presidente la promulgó pero no la puso en funcionamiento”, explicó Mammarella en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3).

El rector calificó la medida como una “chicana administrativa” y aclaró que la ley en cuestión no crea nuevos gastos, sino que actualiza las partidas presupuestarias de las universidades y las becas estudiantiles conforme a la inflación. “Aquí no hay creación de nuevas erogaciones; se trata de aumentos en partidas que ya están contempladas en el presupuesto 2023. Decir que no puede ejecutarse es falso”, afirmó.

Efectos

Mammarella también advirtió sobre las consecuencias del atraso presupuestario: “Con este presupuesto, las universidades no pueden sostener su funcionamiento normal. No se trata solo de pagar luz, agua o gas. Hay talleres, laboratorios, centros de cómputos e infraestructura que requieren mantenimiento constante, y cada vez que se rompe un equipo no hay fondos para reponerlo”.

Además, criticó la falta de discusión de un modelo de país y el debilitamiento del principio republicano: “El presidente debe cumplir la ley sancionada por el Congreso. No hacerlo es peligroso para la institucionalidad. Desde 2024 no hay presupuesto nacional aprobado, y eso impide definir prioridades estatales claras”.

Frente a las acusaciones de presunta corrupción en el sistema universitario, el rector fue categórico: “Quien tenga pruebas debe acudir a la Justicia. No se puede generalizar ni usar eso como argumento para castigar a las universidades públicas”.

Por último, Mammarella destacó que, pese al contexto crítico, la UNL avanza con el ingreso 2026 y mantiene abierta su oferta académica: “No tenemos propuestas de grado nuevas por falta de presupuesto, pero sí diplomaturas y trayectos formativos cortos que permiten reconvertirse o sumar competencias. Queremos que la universidad sea un espacio abierto para todos, desde los 18 años hasta el último que quiera estudiar”.