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San Juan: la jefa de un Registro Civil lideraba una banda que hacía DNI truchos y estafas por 150 millones de pesos
Una mujer que estaba a cargo del Registro Civil de la ciudad de Pocito, en San Juan, fue imputada junto a otras ocho personas por fabricar DNI truchos y concretar estafas por cerca de 150 millones de pesos. Los usaban para sacar créditos y comprar bienes para su reventa.
El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de la provincia, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, formalizó este jueves la investigación penal contra la mujer, solo identificada por las iniciales NC, y sus cómplices en la formación de una asociación ilícita que confeccionaba de manera fraudulenta documentos de identidad que posteriormente se utilizaban en estafas para solicitar créditos y adquirir bienes que luego eran comercializados.
El esquema consistía en incorporar datos biométricos (fotografías y huellas dactilares) falsos en trámites formales, lo que permitía «la emisión de DNI materialmente auténticos, pero ideológicamente falsos, es decir, con una identidad apócrifa», según fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El fiscal Fernando Alcaraz, de acuerdo al Diario de Cuyo, investiga si la organización operó desde agosto de 2024 hasta mediados de 2025 con actividades que provocaron un perjuicio económico de 156 millones de pesos.
Cómo comenzó la investigación
San Juan: la jefa de un registro civil encabezaba una banda que hacía DNI truchos y estafó por $150 millones
La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima en Buenos Aires, quien detectó que se había utilizado un DNI con sus datos reales, pero con una imagen y huellas digitales ajenas.
La investigación condujo rápidamente al Registro Civil de Pocito, desde donde surgieron evidencias clave que implicaron a personal del organismo en la emisión irregular de los documentos.
Los investigadores determinaron entonces que la organización tenía una estructura jerárquica, en la que distintos miembros asumían roles específicos: captadores de personas para prestar sus datos biométricos, tramitadores del DNI, gestores de compras con identidad falsa y encargados de la comercialización de los bienes.
En el caso intervino además el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que realizó una auditoría interna y detectó 22 casos adicionales de intentos de falsificación documental vinculados al mismo esquema. Cuatro de esos casos habrían sido consumados y 18 quedaron en grado de tentativa.
A fines de septiembre, el juez Leopoldo Rago Gallo accedió a la solicitud del Ministerio Público Fiscal para ampliar las imputaciones, incorporar estos 22 nuevos hechos y mantener la prisión preventiva de la directora del Registro Civil pocitano.
Además, se dictó la prisión preventiva para dos hombres, mientras que otros cinco imputados, cuatro de ellas mujeres, quedaron en libertad con restricciones por haber intentado iniciar el trámite fraudulento del DNI sin éxito. Un séptimo imputado, con antecedentes por tráfico de estupefacientes, quedó en libertad bajo caución real, mientras que otro se fugó tras la audiencia, tras dictarse su orden de detención.
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