Prueba ilegal y una carátula sin delito: las razones por las que se derrumba la denuncia de Kicillof contra los policías cesanteados

Ago 01, 2025 Noticias Politica

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En la fiscalía que tiene a su cargo la causa por posible “conspiración” de 24 oficiales de la Policía Bonaerense, separados de sus cargos por una sanción administrativa, sugieren que en pocos días la imputación quedará “derrumbada”. Cuando los agentes sancionados declaren ante Asuntos Internos, las supuestas irregularidades “no tendrán sustento y no quedarán elementos para avanzar con el proceso penal”, evaluaron en el despacho del fiscal Alvaro Garganta, quien recibió el caso en plena feria judicial de invierno.

Hace una semana Clarín reveló que toda la cúpula de la Policía Ecológica (o Dirección de Prevención Riesgos Ecológicos y Sustancias Peligrosas, como figura en el organigrama de la fuerza) fue sancionada por sus vínculos y por realizar presuntos trabajos políticos para el candidato Maximiliano Bondarenko, cabeza de lista en la Tercera sección electoral, de la alianza LLA-PRO.

El gobierno de Axel Kicillof derivó todo el expediente como denuncia penal, pero en esta instancia del proceso en Tribunales creen que todo se caerá como un castillo de arena. Por ahora, la carátula de esta causa, identificada como “PP-06-00-037041-25”, tiene en blanco el espacio para identificar el posible delito.

“En las computadoras secuestradas sólo hay indicios secundarios, entre los papeles hay tres formularios impresos con un logo de LLA y trabajos de estadísticas que se habrían requerido a los municipios”, detallaron fuentes de la investigación.

Además, no existirían registros de que esa información haya sido remitido a alguien externo de la Policía, como indican los fundamentos de la sanción. Y un elemento clave que podría desmoronar las acusaciones: “La denuncia contiene datos obtenidos de manera ilegal ante organismos públicos, sedes judiciales y hasta con el sistema de Google Earth. Incluso presenta capturas de comunicaciones por aplicaciones telefónicas. Todas acciones realizadas sin autorización previa de un juez”, enumeraron en la sede judicial.

La carátula de la denuncia contra los 24 policías no tiene asignación de delito penal.

Cerca de Garganta fueron contundentes: “Todos esos elementos se consideran inválidos y no pueden ser utilizados como evidencia en el proceso penal. Es prueba ilícita, también conocida como Doctrina del fruto del árbol envenenado”, se explayaron.

Tal como adelantó este diario, el 4 de agosto Asuntos Internos iniciará la convocatoria a declaración de los sancionados. Fabián Vizcaino González, defensor de los policías, anticipó que “no van a negarse, aunque podrían apelar a ese recurso. Van a hablar porque no tienen nada para ocultar. Hicieron todo de acuerdo a las normas y reglamentos”.

En el ministerio de Seguridad, no obstante, creen que podría haber más involucrados en la maniobra. Todo comenzó por una denuncia anónima. Incorporó como datos, la realización de dos encuentros gastronómicos. Dos asados, uno de ellos de “despedida” por el pase a retiro de un funcionario policial realizado en un quincho de la calle 31 y 446, en City Bell, perteneciente al comisario mayor Ignacio Ortiz Valenzuela, jefe de la Ecológica y compadre de Bondarenko. Participaron otros 11 oficiales y se habló de delinear políticas de seguridad para la Provincia.

Luego hubo otro asado en la quinta. Fue el 11 de julio, una semana antes del cierre de listas, en las que Bondarenko se reveló como la “sorpresa” porque competirá en la estratégica región del sur del GBA. Lidiará contra Verónica Magario (Fuerza Patria) y Pablo Domenichini (Somos BsAs) por la atención de casi 5 millones de electores.

La denuncia presentada contra los 24 policías sospechados de vínculos con un candidato libertario.

A ese segundo encuentro asistió el senador Carlos Curestis (LLA) y el fuego se encendió en la parrilla de Ortiz Valenzuela. Según la denuncia de Asuntos Internos “hubo una presentación individual de cada asistente (NdR: los 24 policías relevados) y el jefe Ortiz Valenzuela informó que ponía a disposición del senador Curestis, toda la estructura de la división Ecológica para financiar y colaborar con la campaña de LLA en toda la provincia y para enaltecer la figura del senador Curestis”.

El informe de la auditoria interna de la fuerza revela que los asistentes presentaron varias propuestas vinculadas con políticas de seguridad como: prohibir los celulares en las cárceles, una reforma de la Policía Bonaerense, medidas para establecer los niveles de eficacia en la institución, se decidió colaborar con los legisladores de LLA y se habilitó un grupo de whatsapp, denominado “Rocket”, en la que fueron incluidos todos los participantes.

Curestis “agradeció al comisario Ortiz Valenzuela”. Y Bondarenko cerró su exposición con la frase de Javier Milei: “Viva la Libertad, carajo!!”. Todos los asistentes respondieron con una expresión: “Viva!!”.

Por todo esto, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, los denunció por “conspiración” y por filtrar información sensible al candidato de LLA-PRO.

Los efectivos fueron cesanteados por haber “obtenido y facilitado información propia de su actividad policial a personas ajenas a la institución para ser utilizados con fines políticos partidarios”. Eso, “es una falta grave”, según el ministro Alonso.

Por esta decisión les retiraron el uniforme, la placa, el arma y cobran 50% de su sueldo. El relevo preventivo es por cuatro meses. “Pero vamos a pedir que luego de la declaración se revierta y vuelvan a sus funciones. AI se apresuró en la medida”, dijo el abogado Vizcaino González.

Están bajo sanción desde hace una semana, Ortiz Valenzuela, su segundo, el comisario inspector Gustavo Herrera, otros tres comisarios inspectores a cargo de direcciones de línea y tres comisarios con función jerárquica.

Además, fueron dados de baja de manera provisoria y hasta que avance la investigación, 16 oficiales responsables de despachos y delegaciones de Tres de Febrero, Avellaneda, San Nicolás, La Plata y Tandil. La dirección está “intervenida” ahora por la Superintendencia de Siniestralidad de la bonaerense.

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