Abr 08, 2021 El Municipal Policiales
Melisa Serena quedó bajo la lupa por diálogos que mantuvo con el empleado del MPA Nelson Ugolini, imputado por ser parte de una red de juego ilegal.
La fiscal de San Lorenzo Melisa Serena fue imputada este miércoles en el marco de la megacausa por juego clandestino en Rosario que derivó en la detención del fiscal Regional Patricio Serjal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini por cobrar coimas al empresario del juego Leonardo Peiti.
Si bien Serena no fue acusada por delitos que la incluyan en la asociación ilícita, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, le atribuyeron el incumplimiento de los deberes de funcionario público y omitir perseguir delitos que fueron conocidos en ejercicio de sus funciones.
Investigada por conversaciones que mantuvo en febrero del año pasado con el empleado judicial Nelson Ugolini, también acusado en la trama de juego ilegal, los delitos endilgados a Serena prevén penas menores que no ameritan pedidos de prisión preventiva la audiencia no se realizó ante un juez y la funcionaria sigue en libertad.
De acuerdo a la acusación, tanto Ugolini, Ponce Asahad como Serjal recibían aportes mensuales de Peiti a cambio de alivianar su situación procesal y mantenerlo informado sobre investigaciones en su contra. Al abrir el teléfono de Ugolini, los fiscales encontraron audios que comprometieron la situación de la fiscal Serena.
La fiscal sanlorencina, defendida por el abogado Juan Lewis, no aceptó responder preguntas, pero sí declarar. Sostuvo que al momento de ese intercambio de mensajes por Whatsapp y Telegram no estaba al tanto de ninguna trama y aseguró que nunca entorpeció investigación alguna. Sin embargo, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery consideran que Serena no cumplió con la labor que impone su cargo, que es denunciar e investigar delitos sobre los cuales había sido informada.
En contrapartida, los fiscales acusaron a Serena de que en ese momento ella sabía que había investigaciones en curso sobre esos hechos. Y que ante el pedido que le formuló Ugolini la fiscal “omitió poner en conocimiento de sus superiores esa circunstancia sabiendo que con ello su interlocutor pretendía obtener información sobre las investigaciones en curso”.
Con la fiscal imputada, la investigación sobre su conducta seguirá con el análisis de material colectado en un allanamiento a su oficina mientras se espera poder abrir su celular I-Phone 11 del cual ella no aportó la contraseña para desbloquearlo. En tanto, compete a la Auditoría General del MPA analizar los actos de Serena y resolver si sigue en su puesto o si procede alguna sanción, que podría ir desde un apercibimiento hasta la remoción.
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