Ordenaron la indagatoria para 10 personas imputadas en la causa Oldani

Dic 02, 2020 El Municipal Locales

El juez federal Marcelo Bailaque ordenanó que se tome declaración indagatoria y dictó la inhibición de bienes para diez personas imputadas por el fiscal Walter Rodríguez en la causa Oldani.

El juez Federal Marcelo Bailaque dio lugar a la solicitud del fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, que había solicitado el llamado a prestar declaración indagatoria de diez personas y la inhibición general de sus bienes en el marco de la investigación por el delito de intermediación financiera no autorizada realizadas desde la firma “Turismo Oldani SRL”.

Las audiencias se realizarán entre el 4 y el 31 de marzo de 2021. Para el jueves 4, están citadas a declarar Virginia Oldani y María José Calle. El miércoles 10, Chelmo, Leandro Forchetti y Flavio Giulioni. El miércoles 17, Ariel Juan Trucco, Eugenio Alonso y Marco Molinas. La audiencia siguiente será el 31 de marzo, en la que serán indagados los operadores del grupo Carey, Ciochetto y Bacigaluppo.

La pesquisa avanzó a partir de elementos que quedaron al descubierto en la escena del crimen de Hugo Ernesto César Oldani, quien fue baleado en su oficina el 11 de febrero pasado. Para la fiscalía, se está frente a un “esquema de negocios paralelos que funcionaba bajo el paraguas protector y aparente de una agencia de turismo”.

La presentación del representante del MPF es el corolario de las medidas de investigación desarrolladas en los últimos meses. El Banco Central informó que la firma no se encontraba habilitada para la realización de actividades de compra, venta, ofrecimiento, y/o colocación de valores negociables u otros instrumentos financieros como cheques, pagarés, acciones y letras de cambio.

La fiscal Cristina Ferraro está imputada por encubrimiento agravado
Esos informes contrastan con el cálculo de dinero desaparecido de la escena del crimen -por el que existe otra investigación en curso-, que serían más de tres millones de pesos y 1,1 millón de dólares. Aquella suma, calculada en un peritaje de la Policía Federal, es “injustificada a la luz de la actividad general de la empresa de turismo en su contexto particular”, indicó la fiscalía.

El hilo conductor del pedido de declaración indagatoria es el resultado del análisis forense practicado sobre el teléfono celular de Oldani, que demuestra -a partir de chats y audios de Whatsapp- sus conexiones con otras firmas y operadores del sistema financiero, la operatoria y los roles desempeñados por imputados e imputadas.

“Podemos afirmar que Oldani celebraba operaciones de envergadura patrimonial a partir de una logística que incluía la utilización de automotores que ingresaban y estacionaban en dársenas de un garaje que se encuentra al frente de la Galería ‘Rivadavia’, conducidos por sujetos que bajaban de los vehículos con cajas de cartón que eran introducidas a la casa de turismo, y luego, volvían a llevar esas mismas cajas a sus rodados”, indicó el fiscal en su presentación. En la galería se encontraba la firma de Oldani, lugar en el que fue hallado su cuerpo.

El fiscal imputó a la hija de Oldani, Virginia; a una empleada de la firma; a la presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa SA, con asiento en Santa Fe; y a otros siete varones, dos de los cuales son operadores del Grupo Carey SA, con sede en Rosario, firma dedicada a servicios financieros y asesoramiento bursátil. Uno de ellos, además, integra la Asociación Mutual 29 de noviembre.

De acuerdo con la imputación de la fiscalía, las operaciones se habrían realizado desde 2018 hasta el día del homicidio, el 11 de febrero pasado. Esas operaciones de intermediación financiera tuvieron cuatro modalidades:

– Operaciones de plazo fijo tradicional celebradas en pesos y dólares.
– Cambio y descuento de cheques, con el cobro de una comisión variable entre el 3 ciento y el 3,5 por ciento calculado sobre el monto, y la aplicación de una penalidad fijada en 700 pesos de gastos en casos de devolución.

Se encontraron operaciones con 825 cheques por un monto total de 17.437.797,54 pesos, originados en cuentas de libradores distribuidos en distintas provincias del país: Entre Ríos (263), Buenos Aires (74), Tucumán (40), Córdoba (28), CABA (24), Corrientes (13), Santiago del Estero (8) y Salta (7). El total de 825 cheques fueron librados por 675 sujetos distintos. Otros 289 cheques que totalizan 4.617.156,40 de pesos son al portador y no se encuentran endosados.

– Colocación de recursos financieros obtenidos en préstamos inmediatos a favor de terceros en operaciones a corto plazo; préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento; y préstamos de dólares con devolución en cuotas mensuales con opción de pago en moneda nacional con la cotización del mercado informal.

– “Dólar cable”, con ingreso al país de divisas o transferencias al exterior, una modalidad que se realizaba con la estricta “confianza” de los operadores, dado que el negocio se corroboraba posteriormente con el ingreso en la cuenta de destino. Una de las variables más frecuentes era la compensación del egreso de divisas con fondos que otro cliente deseaba ingresar. La comisión de este servicio se calculaba sobre el monto de la operación. De acuerdo con el pedido de indagatoria, en la causa “surge que Oldani tenía en Grupo Carey S.A. dos cuentas, una en pesos y otra en dólares, sobre las cuales consultaba periódicamente sus respectivos saldos. Estas cuentas, a las que Oldani enviaba grandes sumas de dinero y valores mediante terceras personas o encomiendas, habrían sido utilizadas para canalizar transferencias de dinero dentro y fuera del país –entre otras operatorias–”.

Denuncia ante el Banco Central
En la presentación, de más de ochenta de páginas que hizo en su momento el fiscal Rodríguez adelantó que presentaría una denuncia ante el Banco Central por infracciones al Régimen Penal Cambiario contra siete personas físicas y dos personas jurídicas que habrían participado de “un significativo volumen de conversaciones relativas a las operaciones de compra y venta de moneda extranjera (dólares, euros, reales y libras en menor medida), que se habrían llevado a cabo en el marco de la economía informal”.