LLA empieza a definir la reforma laboral en el Senado y quiere avalar los cambios en Inteligencia

Ene 19, 2026 Noticias Politica

El oficialismo tiene dos objetivos claros para esta semana: avanzar con el proyecto de modernización laboral y la modificación de la Ley de Inteligencia. Las advertencias de los gobernadores y la oposición.

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Con varios actores y dos objetivos legislativos, el oficialismo abre una nueva semana de trabajo en el Congreso pensando en la segunda convocatoria a sesiones extraordinarias que se extenderían entre el 2 y el 28 de febrero.

La reforma laboral, ya dictaminada por las Comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, y el blindaje al DNU 941/2025 que modificó la Ley de Inteligencia son los temas centrales. En el temario también estarán los cambios a la Ley de Glaciares.

El proyecto de modernización laboral entró en etapa de definiciones en el Senado. Los equipos técnicos de la Comisión de Trabajo, que preside la libertaria Patricia Bullrich, ya iniciaron contactos formales con senadores aliados y enviados de los empresarios y centrales sindicales. La abogada Josefina Tajes, propuesta por la senadora Bullrich, está a cargo de escuchar propuestas y sumar adhesiones.

Otro actor importante para acercar posiciones y sumar voluntades en el recinto del Senado es el ministro del Interior, Diego Santilli, que viene haciendo un peregrinaje por varias provincias que lo llevarán este lunes a Salta para reunirse con Gustavo Sáenz. El miércoles aterrizará en Villa la Angostura, Neuquén, para encontrarse con el mandatario Rolando Figueroa. Y el jueves 22 irá a Entre Ríos a reunirse con Rogelio Frigerio.

“No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina. Avanzar en un nuevo marco normativo es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”, dijo Santilli tras reunirse por separado con los titulares de las provincias de San Juan, Marcelo Orrego y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Pero la discusión con los mandatarios provinciales es por el capítulo fiscal de la reforma laboral, que plantea una reducción en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación de las provincias. Este fue el tema central del encuentro del viernes pasado de la mesa política, que convocó el ministro Manuel Adorni, de la que participó el jefe de Economía, Luis Caputo.

La construcción de mayorías

El oficialismo logró en diciembre de 2025 la firma del dictamen de mayoría del plenario de las comisiones que trataron el proyecto. Ahora la próxima parada es el 11 de febrero cuando la senadora Patricia Bullrich busque la aprobación del pleno del Cuerpo. En esa oportunidad la legisladora libertaria aclaró que el dictamen está abierto a propuestas. Eso es lo que comenzaron a hacer desde los equipos técnicos y el ministro Santilli en las rondas de contactos con varios, no todos, los gobernadores.

La Libertad Avanza necesita alcanzar 37 senadores para habilitar el tratamiento en el recinto con el quorum reglamentario. Su bloque está integrado por 21 senadores y comienza a sumar gran parte de los 10 radicales que lidera Eduardo Vischi; los tres del Pro de Martín Goerling Lara; y referentes de diferentes fuerzas provinciales que están en plena discusión entre sus gobernadores y la Casa Rosada.

Pero, si los acuerdos se alcanzan, el oficialismo podría contar con los dos senadores por Misiones del Frente de la Concordia; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la tucumana Beatriz Ávila; y la chubutense Edith Terenzi (Despierta Chubut), quien solicitó por medio de su gobernador, Ignacio Torres, tratar en sesiones extraordinarias su proyecto que busca cambios en el Código Penal e incorpora la figura de ecocidio para penalizar a los responsables de incendios intencionales en bosques naturales como los ocurridos recientemente en Chubut.

Las discusiones están en pleno desarrollo en el Congreso, en la Casa Rosada y en las provincias, donde también llegará el triunvirato de la CGT buscando frenar la iniciativa oficial.

El DNU 941/2025 ingresó el viernes al Congreso y fue destinado a la Comisión Bicameral de Trámite legislativo, conformada por ocho senadores y ocho diputados. A partir de ese momento, la comisión cuenta con diez días hábiles para expedirse y emitir un dictamen sobre su validez. Si ese plazo vence sin pronunciamiento, las dos cámaras quedarán habilitadas para tratar el decreto directamente en los recintos, tanto en Diputados como en el Senado.

La oposición hace números para sumar mayorías y buscar rechazarlo ya que entiende que los cambios a la norma vigente suspenden garantías constitucionales. Incluso, entre otras presentaciones, los diputados Esteban Paulón, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro del interbloque Unidos presentaron un amparo contra el DNU, pero la justicia rechazó habilitar a feria para tratar la presentación, “el juez Walter Lara Correa desestimó el pedido de los diputados al considerar que no hay urgencia para tratarlo en enero y que deben resolver los jueces naturales”, posteó el diputado socialista Esteban Paulón.

También los distintos bloques, impulsados por Unión por la Patria (UxP), les solicitaron a los titulares de las Cámaras, Victoria Villarruel en el Senado y Martín Menem en Diputados, la integración formal de la Bicameral, que hasta el pasado 9 de diciembre presidió el desarrollista Oscar Zago.

La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, encabezada por Juan Pablo Zanetta, le pidió al Congreso que rechace el DNU que modificó la Ley de Inteligencia ya que, “realiza cambios profundos al Sistema de Inteligencia sin cumplir con el imprescindible debate parlamentario y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en detrimento de las libertades individuales de la ciudadanía”.

Pero el oficialismo también busca mayorías para sostenerlo y darle la ratificación parlamentaria. Las miradas del oficialismo también están en el Senado. Es que la Ley 26.122, que regula la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU) establece que el DNU queda convalidado con el aval de una sola cámara, mientras que para rechazarlo la oposición deberá alcanzar el respaldo de las dos cámaras del Congreso.

El Congreso no tiene facultades para modificar el contenido de un DNU. Su rol se limita a aprobarlo o rechazarlo. Si ninguna de las cámaras lo trata, el decreto continúa vigente por la vía de la aprobación tácita.