Durante la intervención, los inspectores constataron que el comercio funcionaba sin la documentación habilitante necesaria para desarrollar la actividad comercial. Asimismo, se detectó que el inmueble no cumplía con las exigencias higiénico-sanitarias básicas requeridas para el rubro alimenticio. Ante este escenario, la Dirección de Seguridad Alimentaria participó activamente del operativo para fiscalizar los procesos de producción bajo el marco de las normativas vigentes, confirmando un riesgo latente para la salud pública.

Como resultado de las graves irregularidades detectadas, el municipio procedió a la clausura preventiva del establecimiento hasta tanto los titulares regularicen su situación administrativa y de salubridad. Por consiguiente, las autoridades dispusieron el decomiso de 260 kilogramos de mercadería que no se encontraba apta para el consumo humano. Los alimentos incautados fueron trasladados y destruidos en el relleno sanitario siguiendo los protocolos correspondientes.

Las infracciones labradas por el personal municipal incluyen la ausencia de habilitación municipal, la falta de higiene en las áreas de elaboración y comercialización, y el incumplimiento de la normativa que regula el tratamiento de los residuos.

Con estas acciones, la gestión local reafirma su compromiso con el control del espacio público y la protección de la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad.