La Justicia, por ahora, no tiene pruebas para penalizar a los policías que cenaron con Bondarenko

Jul 25, 2025 Noticias Politica

El expediente judicial que derivó en el relevo de 24 policías de la Bonaerense, sancionados por hacer trabajos políticos para un candidato a diputado del frente de LLA con el Pro camina con paso lento los senderos de la Justicia Penal de la provincia.

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El trámite judicial es de alta sensibilidad política. Es que el gobierno de Axel Kicillof decidió -en un trámite express- desplazar a los integrantes de toda una división de la fuerza porque sospechan que “conspiraban” contra la institución y actuaban como punteros del ex comisario Maximiliano Bondarenko, designado por el armador libertario de la Provincia, Sebastián Pareja, como cabeza de las candidaturas a legislador por la Tercera Sección electoral.

La decisión impactó en el prólogo de la campaña por las legislativas del 7 de septiembre, que se realizarán en Buenos Aires desdobladas de la elección nacional.

Cualquier desliz en el manejo de la fuerza de seguridad asoma como un riesgo institucional. Es que la Bonaerense es un ejército de más de 90 mil hombres y mujeres armados que tienen que custodiar los bienes y las vidas de los habitantes de la provincia. Y además, en 40 días tendrán a su cargo -por primera vez- el operativo de custodia de las urnas y el operativo electoral provincial.

Como los comicios son escindidos de los nacionales, la logística (y los costos) del serán responsabilidad de la Gobernación. Y Kicillof dispuso que la fuerza estará a cargo de esos procesos.

El movimiento dentro de la fuerza derivó de una denuncia anónima en Asuntos Internos. Ese organismo de control decidió actuar y “constató la veracidad del contenido de ese anónimo”, dijeron fuentes de la provincia.

Bondarenko era casi un desconocido para la política de Buenos Aires. Actual concejal de Florencio Varela, ex candidato a intendente del espacio de Facundo Manes, resultó un “tapado” en el cierre que se concretó este lunes. Hasta que Clarín reveló el escándalo de la presunta vinculación con oficiales en actividad.

La carpeta con las presuntas pruebas que involucran a toda la ex cúpula de la Policía Ecológica (dirección de Prevención Riesgos Ecológicos y Sustancias Peligrosas) están en el despacho del fiscal Alvaro Garganta, quien en la feria de invierno reemplaza a su colega Juan Cruz Condomí Alcorta, el magistrado que dio entrada a la causa.

Por ahora no está caratulada. Es una denuncia que presentó el ministerio de Seguridad y que contiene copia de toda la actuación de Asuntos Internos. Incluye la documentación secuestrada en las oficinas de la Policía Ecológica, situada en 20 entre 37 y 38, de La Plata. También el contenido de las PC desde las que los supuestos colaboradores del candidato acercaban información.

“Vamos a pedir documentación respaldatoria a Asuntos Internos. Y evaluaremos las medidas que se podrían adoptar”, dijeron a Clarín fuentes de Tribunales.

En fuentes penales explicaron que -por el contenido actual- se podría encuadrar en presunta malversación de caudales públicos (por el uso de bienes del Estado para fines no apropiados como fotocopiadoras) o en mal desempeño en los deberes. Delitos menores, incluso menos gravosos que una condena administrativa.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso y Kicillof mencionaron una posible “conspiración”.

En el fuero penal no tienen -por ahora- elementos para sostener esa posible imputación. “Hay que analizar con detalle constados constitucionales, relacionados con el derecho a participar en política. Es un margen muy estrecho el que queda ahí”. Ocurre que, según la sanción que dispuso la jefatura policial, la conducción de la repartición policial y otros 16 integrantes de la “Ecológica” fueron cesanteados por haber “obtenido y facilitado información propia de su actividad policial a personas ajenas a la institución para ser utilizados con fines políticos partidarios”. Eso, “es una falta grave”, según el ministro Alonso.

Entre los desplazados figuran el comisario mayor Manuel Ortiz Valenzuela, su segundo, el comisario inspector Gustavo Herrera, otros tres comisarios inspectores a cargo de direcciones de línea y tres comisarios con función jerárquica.

Además, fueron dados de baja de manera provisoria y hasta que avance la investigación, 16 oficiales responsables de despachos y delegaciones de Tres de Febrero, Avellaneda, San Nicolás, La Plata y Tandil. La dirección está “intervenida” ahora por la Superintendencia de Siniestralidad de la bonaerense.

Bondarenko era “compadre” de uno de los jefes de la dirección Ecológica. Por eso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que Kicillof sancionó a los policías por “persecución política” y por “compartir un asado”.

Ambos viven en una urbanización a la que habrían accedido mediante el trámite de “usucapión”, O sea: terrenos que no tienen propietarios y por los que se paga impuestos hasta que se obtiene el título. Se hace mediante un expediente judicial. “Fueron testigos cruzados en ese procedimiento”, reveló el ministro Alonso.

Esa documentación también llegó al despacho del fiscal para su revisión, según pudo saber Clarín. La foja con evidencia presentada en Tribunales incluye supuestos “proyectos de ley” sobre temas de seguridad que elaboraban para el candidato; documentación impresa sobre LLA y transcripciones de conversaciones de un grupo de whatsapp que compartía -supuestamente- Bondarenko con los sancionados.

Clarín informó que en uno de esas conversaciones se leía este mensaje: “Recién terminé una reunión con la mesa chica de la Ministra de Seguridad de la Nación. Mil gracias por los aportes, gracias por estar”.

El mensaje sería de Bondarenko (en el chat figura como “Maxi Bondarenko nuevo”). La “comunidad” de la red social de comunicaciones la denominaban “Equipo Rocket”. Significa “cohete” en inglés, una denominación que resulta un enigma en esta etapa de la investigación.

Otra captura permite ver este chat: «Hola Gente: hoy Bondarenko está yendo al Ministerio de Seguridad para ver a Patricia Bullrich por el proyecto de Seguridad para toda la Provincia», y da instrucciones para seguir con los aportes para esa iniciativa.