La Empresa Provincial de la Energía (EPE) investiga un fraude millonario en la tarifa social, un beneficio que otorga descuentos de hasta el 50% en el servicio eléctrico a hogares de bajos ingresos.

Desde la EPE informaron que ya fueron dadas de baja más de 15 mil tarifas subsidiadas tras detectarse situaciones irregulares, de las cuales cerca del 30% corresponden a clientes del departamento La Capital.

Además, adelantaron que otros 18 mil usuarios están bajo análisis. La empresa evalúa aplicar sanciones y no descarta elevar los casos más graves a la Justicia.

“Se da en el marco de un proceso de control desde hace muchos meses que tiene como objetivo eficientizar los procesos internos y los recursos públicos que utilizamos, que son producto de la tarifa que recibimos mensualmente de los usuarios”, explicó Anahí Rodríguez, presidenta de la EPE.

Según indicó, “en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía y las áreas técnicas de la empresa hemos identificado múltiples situaciones irregulares en usuarios que han sido beneficiados por una tarifa social subsidiada”.

Entre las situaciones detectadas hay casos de usuarios que falsearon las declaraciones juradas para acceder al beneficio. “Muchos han fraguado las declaraciones correspondientes para poder acceder a un beneficio que justamente tiene como objetivo el acceso al consumo eléctrico residencial para aquellos hogares de menores ingresos”, advirtió Rodríguez en declaraciones al programa «De10», que se emite por «LT10».

El monto estimado del fraude equivale a la construcción de una estación transformadora de alta tensión. “Para tomar dimensión, estamos hablando de un monto equivalente para nuestra gestión a la construcción de una estación transformadora de alta tensión; entre 20 mil y 30 mil millones de pesos. Es una proyección que nosotros hacemos a 4 años”, detalló la funcionaria.

Casos insólitos y abusos extremos

La EPE detectó situaciones “insólitas” que van desde beneficiarios fallecidos, inmuebles en alquiler, locales comerciales, hasta viviendas ubicadas en countries y barrios de alto valor inmobiliario.

“Tenemos múltiples situaciones. Algunos beneficios han sido heredados, vinculados a personas fallecidas o que ya no viven en el domicilio. Hemos tenido casos de inmuebles en alquiler, de locales comerciales, propiedades ubicadas en barrios privados. Realmente casos insólitos, desorbitantes. No tenemos dudas de que son situaciones totalmente abusivas, que marcan fraudes extremos y excesos en los consumos”, señaló Rodríguez.

Respecto al descuento, precisó que “el subsidio es escalonado, en función de los consumos y del poder adquisitivo de cada usuario, pero en términos generales podemos hablar de un porcentaje cercano al 50 por ciento”. Y agregó: “Estamos hablando de recursos públicos, de un servicio que otorgamos y que es absorbido por el Estado provincial. Son aportes que salen del tesoro y que están directamente vinculados con las contribuciones tributarias que realizamos mensualmente”.

Corte de beneficios y posibles sanciones

Ante la magnitud de las irregularidades, la EPE ordenó el corte definitivo del beneficio para los casos confirmados. “La primera medida que tomamos tiene que ver con el cese, el corte definitivo de este tipo de beneficios de tarifas subsidiadas”, afirmó Rodríguez.

En cuanto a las medidas legales, remarcó que “no vamos a vacilar en iniciar los procesos legales que correspondan”. También fue contundente al referirse a posibles sanciones: “Sí, por supuesto. Estamos hablando de recursos públicos, de partidas presupuestarias que el tesoro provincial destina a aquellos usuarios de menores ingresos para que puedan acceder a un recurso que es esencial. Frente a estos claros casos de abusos, vamos a iniciar todos los procesos correspondientes que tenemos a nuestro alcance”.

“Vamos a analizar cada caso puntual. Hemos hecho un trabajo en detalle para poder determinar el abuso en estas 15 mil tarifas”, dijo.

Causas judiciales y nuevos controles

Rodríguez explicó que ya se iniciaron gestiones administrativas y que los casos tambien podrían llegar a la Justicia:

“Hemos comenzado con el trabajo administrativo, hemos cruzado datos a través de las plataformas digitales y tecnológicas que hoy nos permiten hacerlo junto al Ministerio de Economía. A partir de allí, iniciaremos las gestiones administrativas y judiciales que correspondan”, definió.

La presidenta de la EPE también adelantó que se está revisando un universo aún más amplio de beneficiarios: “Estamos analizando otras 18 mil tarifas más y vamos a proceder en cada caso puntual con las medidas que correspondan”, aseguró.

El operativo forma parte de un conjunto más amplio de acciones de control y transparencia dentro de la empresa. “Queremos ser responsables con los controles que realizamos, como con otros que también estamos implementando en la Empresa Provincial de la Energía en los últimos 18 meses. Tienen que ver con medidas internas vinculadas a controles en los vehículos, con la instalación de GPS, la reducción de combustible, de horas extra, y la instalación de datos biométricos”, detalló.