En un nuevo operativo contra el narcomenudeo, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales Diego Giró y Franco Carbone del Ministerio Público de la Acusación (MPA), inactivaron este martes dos búnkers de venta de droga en la zona noroeste de Rosario. Los inmuebles, ubicados en Bello 3936 y Oria 4055, eran puntos clave operados por el clan liderado por Hernán “Lichi” Romero, actualmente detenido.

“Estos lugares eran epicentro de violencia, con balaceras y heridos, y funcionaban incluso bajo órdenes desde la cárcel de Piñero. Su inactivación busca devolver tranquilidad a los vecinos y cortar la circulación de violencia”, afirmó Cococcioni. Además, el ministro anticipó que llevará a la Legislatura una propuesta innovadora: ocupar los espacios inactivados con actividades estatales o sociales para evitar que sean nuevamente utilizados por delincuentes.

En lo que va del año, Santa Fe ha desactivado 36 puntos de venta de droga, 27 de ellos en Rosario, mediante procedimientos amparados en la Ley de Microtráfico, sancionada a principios de la gestión de Maximiliano Pullaro. Esta legislación permite la intervención provincial en casos de narcomenudeo, facultando a los fiscales a ordenar la inactivación o demolición de búnkers utilizados exclusivamente para el tráfico de estupefacientes.

Investigaciones que surgieron de los vecinos

Según el fiscal Giró, la acción que derivó en la inactivación de los búnkers comenzó gracias a denuncias de vecinos que reportaron la venta constante de estupefacientes en la zona. Tras iniciar la investigación en agosto, la Policía de Investigaciones (PDI) constató estas actividades, allanó los inmuebles y secuestró drogas. Además, se detuvo a varios miembros de la banda, quienes utilizaban incluso una carpa para vender en plena calle.

Giró también señaló que la zona históricamente estuvo vinculada al grupo delictivo liderado por “Lichi” Romero, detenido como jefe de una asociación ilícita. Los búnkers eran operados por adultos pertenecientes a esta organización, quienes actualmente también están en prisión tras varios allanamientos realizados en las últimas semanas.

Un modelo para combatir el microtráfico

La Ley de Microtráfico permite a las autoridades provinciales atacar directamente los puntos de venta minorista de drogas, complementando la labor de la Justicia Federal, que se enfoca en los eslabones superiores del narcotráfico. Desde su implementación a principios de 2024, este marco legal ha facilitado la demolición de construcciones precarias dedicadas al tráfico y ha posibilitado investigaciones que buscan desarticular la cadena de comercialización en sus niveles más bajos.

Además de inactivar los puntos de venta, la propuesta del ministro Cococcioni de “ocupación positiva” busca garantizar que estos espacios no vuelvan a caer en manos de organizaciones delictivas, promoviendo su uso para actividades sociales, comunitarias o estatales.