Dic 29, 2020 El Municipal Policiales
Las diligencias fueron solicitadas por el fiscal Martín Castellano, quien está a cargo de la Sección Criminalidad Económica y Compleja (SECEC) de la Unidad Fiscal Rafaela del MPA.
Los allanamientos se realizaron a partir de la madrugada de este lunes en las ciudades de Córdoba, Alta Gracia, Río Segundo, Dean Funes, Villa del Rosario, Río Tercero y Villa María.
En el marco de las diligencias se produjo la detención de dos personas y el secuestro de diversos elementos de interés para los legajos: dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras, dispositivos móviles, motocicletas, documentación bancaria y demás elementos relacionados con los hechos investigados.
Además, en los allanamientos se identificaron a otras ocho personas a quienes se les recibirá declaración en las próximas semanas y se libraron dos ordenes de detención.
Investigaciones
Las diligencias fueron dispuestas por el fiscal Castellano en el marco de un grupo de 13 investigaciones por estafas telefónicas cometidas entre 2018 y 2020 bajo distintas modalidades, y en perjuicio de víctimas residentes en las ciudades de Rafaela, Sunchales, San Vicente y San Martín de las Escobas, entre otras localidades de esa región de la provincia.
De acuerdo a un cálculo hecho en función de lo manifestado por las víctimas, el monto total de las estafas suma 350 mil pesos.
Modalidades
Los hechos de estafas investigados por Castellano poseen distintas modalidades, en algunos casos se trata de personas que recibieron llamados engañosos en los que se les indicaba que Anses les otorgaba un retroactivo o un ajuste jubilatorio y para cobrarlo debían transferir dinero. En otros casos se les indicaba falsamente a las víctimas que habían obtenido determinados premios y que para acceder a ellos debían transferir ciertas sumas de dinero.
En otros casos, por medio de falsas publicaciones de préstamos en Facebook se requería a las victimas de manera engañosa que depositen ciertas sumas para acceder a los mismos. En otro grupo de casos, las víctimas adquirieron determinados productos, transfirieron dinero a partir de instrucciones engañosas y nunca recibieron los artículos prometidos.
En la mayoría de los casos, los llamados engañosos habrían provenido de unidades penitenciarias de la provincia de Córdoba.
El fiscal Castellano destacó la colaboración en el caso del departamento Compleja 5 de la AIC de Rafaela.
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