El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió al grave incidente ocurrido el lunes al mediodía en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde un efectivo policial que se encontraba de licencia por carpeta psiquiátrica le quitó el arma reglamentaria a una compañera, salió a la vía pública y se autolesionó con un disparo en la cabeza.
El agente fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado en estado grave y con pronóstico reservado. El episodio volvió a poner en el centro del debate las condiciones laborales, los controles y las políticas de salud mental dentro de las fuerzas de seguridad.
En ese marco, Cococcioni brindó precisiones sobre el seguimiento psicológico del personal policial y las acciones preventivas que se desarrollan desde la Dirección de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad, en articulación con el Ministerio de Salud.
Seguimiento psicológico y portación de armas
“El día de hoy tenemos 560 empleados policiales en seguimiento psicológico en toda la provincia”, indicó el ministro. Detalló además que se avanzó en convenios con el sistema de salud para garantizar tratamientos sin copago a través de Iapos.
Cococcioni explicó que existen distintos tipos de abordajes: “Hay cerca de 460 empleados en tratamiento voluntario, y también casos de personal que abandonó el tratamiento, lo cual luego se evalúa para definir si mantiene o no el estado policial y la portación de armas”.
“Tenemos que pensar en el bienestar del funcionario, pero también en la seguridad de la sociedad. Son 25 mil policías que salen a la calle armados para cuidar a la gente, y tenemos que ser muy rigurosos sobre a quién ponemos en esa situación”, subrayó.
El ministro aclaró que los episodios de autolesión o suicidio “son multicausales” y no pueden atribuirse a una sola falla institucional. “Hay situaciones personales, familiares y en algunos casos económicas, que pertenecen a la esfera individual y no constituyen causales generales”, sostuvo.
Protocolos y abordaje interministerial
Cococcioni remarcó que los protocolos de contención se encuentran activos y que más de 500 agentes están bajo seguimiento. “Incluso hubo personal que recibió el alta y fue reincorporado a sus funciones habituales”, explicó.
En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud: “Cada uno de estos casos es abordado tanto por los equipos del ministerio y de la policía como por Salud, para acompañar en las mejores condiciones posibles a quienes atraviesan una crisis”.
Advirtió, sin embargo, que cuando la superación de esas situaciones no resulta viable, el Estado debe tomar decisiones preventivas. “En algunos casos es necesario retirar al personal de las tareas habituales para reducir riesgos. Portar un arma en un contexto de crisis subjetiva agrava la situación”, afirmó.
El impacto del desarraigo
Al analizar los factores estructurales que pueden incidir en este tipo de episodios, el ministro hizo hincapié en el desarraigo que padecen muchos efectivos. “La Policía arrastra una asimetría poblacional histórica: se recluta personal en el norte y se cubren puestos laborales en el sur de la provincia”, explicó.
Para atender esa problemática, señaló que en los últimos reclutamientos se establecieron cupos geográficos, con una distribución del 70% para el sur y 30% para el centro-norte. “Durante años casi el 80% del personal provenía del norte, lo que profundizaba los trastornos derivados de los traslados, el tiempo fuera del hogar y la falta de descanso real”, indicó.
Cococcioni sostuvo que estas situaciones requieren soluciones estructurales y defendió medidas que en su momento fueron cuestionadas. “Incorporar aspirantes sin evaluar si están preparados para estas condiciones termina teniendo consecuencias”, advirtió.
Formación, selección y salarios
El ministro también se refirió a los cambios en la formación policial, destacando la reinstalación del régimen de internados. “El año pasado desafectamos a casi 100 cadetes del proceso de formación. Con el régimen anterior se hubieran recibido. Hoy podemos detectar quién entra en crisis ante la presión”, explicó.
En cuanto a los salarios, Cococcioni aseguró que Santa Fe se ubica en una posición competitiva frente a otras provincias. “No voy a hablar de grandeza de sueldo, porque siempre se puede mejorar, pero la Policía fue nivelada por encima de otros sectores de la administración pública”, señaló.
Según indicó, los casos de dificultades económicas detectados responden a situaciones personales o familiares particulares. “No consideramos que la remuneración, aunque perfectible, sea el detonante de estos episodios”, concluyó.
El caso ocurrido en Rosario volvió a visibilizar la complejidad del trabajo policial y la necesidad de profundizar políticas de cuidado, prevención y acompañamiento en una fuerza que cumple funciones de alta exigencia y exposición permanente.
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