El Gobierno porteño presentó este martes una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusa de no cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispuso un aumento en la masa coparticipable destinada a la ciudad de Buenos Aires.

En el escrito se denuncia «a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior, que han sido notificados de la resolución judicial, y los integrantes del Directorio del Banco Nación Argentina y demás funcionarios de la línea de dicha entidad bancaria«.

En la denuncia se agrega que «los hechos podrían configurar infracción a los artículos 239 y 248 del Código Penal de la Nación«, que tipifican los delitos de desobediencia.

Al comentar esta mañana la denuncia en el marco de un acto realizado en la Jardín Botánico, donde presentó a nuevos funcionarios que se incorporan al Ejecutivo porteño, el jefe de Gobierno, Horario Rodríguez Larreta, consignó que «esta mañana» habían presentado una denuncia penal «contra los funcionarios que no cumplieron» con la decisión del máximo tribunal.

«Acá se cruzaron todos los límites«, agregó el jefe de Gobierno sobre la posición del Ejecutivo nacional tras el fallo de la Corte referido al porcentaje de los fondos de coparticipación destinados al distrito porteño.

El jefe de Gobierno sostuvo además que su gestión irá «a fondo con esto hasta que se cumpla con la ley, hasta que los funcionarios públicos cumplan con su deber» y consideró que «esta manera kirchnerista de llevarse todo puesto se está terminando».

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que, en el diferendo entre Nación y la Ciudad por el porcentaje de coparticipación que corresponde por el traspaso de la Policía, la Ciudad debe recibir el 2,95% de la masa coparticipable.

Tras conocerse el fallo, el presidente Alberto Fernández había manifestado que el fallo era de «imposible cumplimiento» y ayer explicó que su intención era cumplir este medida cautelar a través del uso de títulos públicos, lo que fue rechazado por el Gobierno porteño.

En la denuncia, el Gobierno porteño se refiere al fallo de la Corte e indica que «la resolución del 21 de diciembre de 2022, haciendo lugar a la medida cautelar solicitada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa coparticipable».

Asimismo, se indica que estos pagos, según el fallo de la Corte, «se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina«.

Aseguran en este sentido que, «sin embargo, todo ello fue incumplido hasta la fecha».

Al explicar los tipos penales que sustentan la denuncia aseguran que abarca «los delitos de desobediencia (artículo 239 del Código Penal), abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249), según hayan resistido o desobedecido la acción que les correspondía ejecutar«.

En el texto presentado por la Procuración porteña también señalan que la falta de cumplimiento efectivo del fallo de la Corte «implica la violación directa» del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.