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Beneficiarios de SNAP: cómo es la demanda masiva a la administración de Trump, los 25 estados demandantes, quiénes encabezan el reclamo y cómo podría afectarte
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que brinda apoyo alimentario a millones de familias en Estados Unidos, se convirtió en el eje de una demanda colectiva presentada por 25 estados contra la administración Trump. La acción judicial busca revertir la decisión del gobierno federal de suspender los beneficios durante el cierre parcial del gobierno federal o «government shutdown».
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, cuestiona la interrupción de un programa que distribuye cada mes cerca de 8 mil millones de dólares en asistencia, con un promedio de 187 dólares por beneficiario.
Los 22 estados demandantes sostienen que la medida deja sin recursos a millones de hogares, mientras persista el cierre del
La mitad de los estados del país demandan al gobierno por la suspensión del SNAP durante el cierre federal
Según informó NPR, una coalición de más de dos docenas de fiscales generales y gobernadores demócratas presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts contra la administración Trump, por la suspensión de los beneficios del SNAP durante el «government shutdown». El reclamo solicita restablecer los pagos de asistencia alimentaria a los beneficiarios afectados.
El plan de contingencia del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), que explicaba cómo se financiaría el programa en caso de interrupción presupuestaria, fue retirado del sitio web oficial sin explicaciones. NPR señaló que la Casa Blanca no respondió a las consultas sobre el motivo de la eliminación ni sobre los cambios en la política de financiación del SNAP.
La demanda busca que el Gobierno de Trump restablezca los pagos del programa alimentario que asiste a millones de familias. REUTERS/Evelyn Hockstein
El economista Bobby Kogan, del Center for American Progress, criticó el manejo de los recursos: “Si tenés derecho a algo y hay dinero para satisfacer esa necesidad, entonces debés hacerlo”, declaró. Y añadió: “Cuando dicen que SNAP no es una prestación social, ¿qué creen que es el programa si no eso?”.
De acuerdo con NPR, la administración Trump transfirió 300 millones de dólares del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) desde una cuenta estatal de nutrición infantil financiada con derechos de aduana, como una medida temporal para mantener la asistencia. Sin embargo, analistas advirtieron que esa maniobra no resuelve la falta de fondos estructural.
El caso, presentado en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, podría definir cómo se financian los programas de asistencia alimentaria en futuros cierres federales.
El especialista Devin O’Connor, del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, explicó que los fondos de contingencia del USDA fueron creados precisamente para casos de emergencia como este. “Cuando se cierra el gobierno, ocurren cosas malas, y cuanto más tiempo esté cerrado, más cosas malas ocurrirán”, afirmó.
Quiénes son los fiscales generales que encabezan la demanda por los fondos de SNAP
La demanda a USDA por los fondos del programa SNAP está liderada por tres fiscales generales: Andrea Joy Campbell, del estado de Massachusetts; Rob Bonta, del estado de California; y Kristin Mayes, del estado de Arizona. A la coalición se sumaron progresivamente fiscales de otros 22 estados.
Los fiscales generales Andrea Joy Campbell, de Massachusetts; Rob Bonta, de California; y Kristin Mayes, de Arizona. (izq a der) Foto:mass.gov/oag.ca.gov/azag.gov
«El gobierno federal tiene el dinero para seguir financiando los beneficios del SNAP, pero está optando por perjudicar a millones de familias de todo el país que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes. Estoy liderando una demanda contra la Administración Trump para que libere estos fondos de inmediato», anunció Campbell a través de la red social X.
The federal government has the money to continue funding SNAP benefits — they’re choosing to harm millions of families across the country already struggling to make ends meet.
I’m leading a lawsuit against the Trump Administration to release these funds immediately. pic.twitter.com/X8dD10J1yD
— AG Andrea Joy Campbell (@MassAGO) October 28, 2025
El gobernador de California, Gavin Newsom, fue uno de los funcionarios demócratas que se pronunció a favor de la medida que tomó Bonta desde la fiscalía general del estado. «Mientras Donald Trump se pasea por el mundo intentando reparar el daño económico que ha causado con su incompetencia, le niega alimentos a millones de estadounidenses que pasarán hambre el próximo mes. Es cruel y demuestra su profunda falta de humanidad».
Cuáles son los estados que demandaron a la administración Trump por los fondos de SNAP
La coalición de 25 estados pidiendo al gobierno federal que acceda a aprobar fondos de emergencia para el pago de noviembre del programa alimentario son los siguientes:
Arizona.
California.
Colorado.
Carolina del Norte.
Connecticut.
Delaware.
Illinois.
Kansas.
Kentucky.
Maine.
Minnesota.
Maryland.
Massachusetts.
Nevada.
Nuevo México.
Nueva Jersey.
Nueva York.
Oregón.
Pensilvania.
Rhode Island.
Vermont.
El estado de Washington.
Washington D. C.
Wisconsin.
Qué puede pasar con los fondos de SNAP si el cierre del gobierno se alarga
En caso de que el cierre del gobierno federal se extienda, los recursos actuales del SNAP podrían agotarse en las próximas semanas, afectando la entrega de asistencia alimentaria en todo el país.
Según los analistas citados por NPR, sin nuevas asignaciones del Congreso, los estados tendrían dificultades para cubrir la demanda, lo que impactaría tanto en los beneficiarios como en los comercios que dependen de estos fondos.
El cierre también podría comprometer otros programas federales de nutrición, como las comidas escolares y la asistencia a madres y niños, que comparten las mismas fuentes de financiación. O’Connor advirtió que, incluso con medidas temporales, “el daño económico y social seguirá aumentando” mientras no se reactive el presupuesto.
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